• David Lynch

Prueba ilícita - Definiciones para el derecho Penal

Actualizado: sep 8



La prueba es uno de los elementos más importantes en el proceso, puesto que esta nos permite evidenciar que nuestra postura es la correcta y así convencer al juez – ya que el juez basará su decisión en las pruebas – de que la verdad es la nuestra y por lo tanto su veredicto será a nuestro favor.



Al querer demostrar la verdad de los hechos, se trata de brindar todas las pruebas posibles, las admitidas típicamente son las siguientes:

a) La declaración de la parte

b) Declaración de los testigos

c) Los documentos

d) La pericia

e) La inspección judicial.


Ello no quiere decir que sean las únicas, ya que también pueden presentarse como pruebas los auxilios técnicos o científicos que ayuden a obtener la verdad.


Las pruebas no tienen límite como tal, lo que presenta un límite es la forma en la que estás han sido obtenidas, es decir para su obtención se han contravenido derechos fundamentales de la persona y por lo tanto convertirán a la prueba en una prueba ilícita. Todo ello respaldado por el VIII principio del código procesal civil, el cual habla de la legitimidad de la prueba.



En los casos más frecuentes de desestimación de la prueba se dan por contravenir los derechos fundamentales de la intimidad y del secreto de las comunicaciones. Ambos sumamente relacionados entre sí generando así el derecho a la intimidad comunicacional, en consecuencia, no está permitido obtener pruebas a través intercepciones, mecanismos de incautación o mediante la apertura de las comunicaciones si no se cuenta con la autorización de un juez.



Pese a la existencia de la prueba ilícita y los derechos fundamentales que se buscan resguardan con su desestimación, dicha prueba puede ser admitida si se determina que estas pruebas son de interés público podrán ser admitidas, como en el caso de los Vladivideos. Los vladivideos fueron obtenidos mediante hurto, por lo tanto, no correspondía que sean aceptados, pero como los catalogaron de interés público fueron aceptadas y sirvió para condenarlo por el delito de corrupción de magistrados. Otro caso fue el de los ‘’petroaudios’’ en donde las pruebas fueron obtenidas de una forma ilícita, por particulares; a diferencia de los Vladivideos, estas pruebas no fueron admitidas porque la Tercer Sala Penal no las estimó como de interés público.


Esto nos demuestra que en el Perú el concepto de interés público no se encuentra regulado como tal y la aceptación de una prueba ilícita bajo este concepto esta supeditado a lo que estime el juez que le toque evaluar la admisibilidad de la prueba.



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